Por Victoria Rubio, técnica de Stop Rumores en Córdoba.
Desde el pasado 2017 en la provincia de Córdoba se han acogido a unas 500 personas solicitantes de protección Internacional. La mayoría en la capital aunque también en la provincia (Puente Genil y Lucena).
En Córdoba capital entidades como APIC (Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba perteneciente a la federación Andalucía Acoge.), Cruz Roja, Córdoba Acoge y ACCEM disponen de centros de Acogida Temporal de 1ª fase (donde la estancia mínima es de 3 meses y máxima de 6 meses). Para las personas que hayan pasado a la 2ª fase de Intervención Social y vivan de manera autónoma en pisos de alquiler, la provincia cuenta con unas 150 plazas en pisos o casas.
Estas organizaciones ofrecen apoyo social, educativo, psicológico, jurídico y laboral, clases de español, formación y acompañamiento en la búsqueda de empleo.
La mayor parte de estas personas solicitantes de asilo proceden de países como Siria, Venezuela, Ucrania, Camerún y Costa de Marfil. Entre ellos hay agentes de policía, abogados, estudiantes, periodistas, profesores o cocineros. Su edad media está entre 18 y 34 años, aunque también hay menores.
Se habla de que las personas refugiadas suponen un gran gasto para Córdoba, pero en realidad el gasto inicial que se produce, en su gran mayoría, viene de líneas específicas desde la Unión Europea, que no podrían utilizarse para otro fin. Además, pensar que 500 personas suponen un gran gasto para una provincia como Córdoba y que vienen a despilfarrar los servicios públicos de una población de 788.219 personas, no tiene sentido, ya que apenas representan el 0,06 por ciento.
Igualmente, es importante entender que no se pueden mercantilizar los derechos de las personas. Es decir, aunque suponga un gasto para el estado -mínimo, como hemos visto- la acogida a personas refugiadas supone cumplir la legalidad: es tanto un derecho fundamental de las personas como una obligación para los estados. Es decir, más allá del carácter humanitario y solidario de la acogida, se trata fundamentalmente de cumplir las leyes haciendo efectivo el cumplimiento de los derechos fundamentales, incluso de quienes no pueden contribuir.
Además según los últimos estudios las personas migrantes en general y los solicitantes de asilo en particular tienen un efecto positivo en variables como el producto interior bruto (PIB), los impuestos, natalidad y el empleo.
Algunas de las personas refugiadas que han llegado a Córdoba en los últimos meses han conseguido un empleo, tras recibir una formación y participar en diversos programas de inserción. De esta manera, estas personas ya pasan a ser independientes económicamente y, además, aportan a la economía española con sus impuestos como cualquier otra persona. Pero, más allá, las personas refugiadas aportan en lo cultural, humano y la convivencia, enriqueciendo la sociedad con su diversidad.
Estas personas están aquí, es una realidad, negarla no nos deja avanzar y hace que mientras más tiempo pasemos así, más tiempo estaremos perdiendo de enriquecernos en la convivencia y todos los aspectos positivos que tiene. Pasemos a la aceptación, veamos que oportunidades nos brinda esta nueva situación y disfrutémosla.
