A pesar de que la violencia hacia la mujer no es en absoluto un fenómeno nuevo, su reconocimiento, su visualización y, por lo tanto, el paso de ser considerada de una cuestión privada a un problema social, ha sufrido en los últimos tiempos una gran atención mediática y conciencia social.
La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Desde el año 2003, cuando se empiezan a contabilizar los asesinatos machistas, han sido asesinadas en España más de 1000 mujeres por violencia machista.
Por lo tanto, no hay duda de que estamos ante un problema social de primera magnitud que atenta directamente contra los derechos fundamentales de la mitad de la población y que afecta a toda la población ya que una mayor igualdad conlleva un mayor bienestar para la sociedad en su conjunto
Ante esta situación, algunas personas y organizaciones han desarrollado un discurso negacionista de la desigualdad de género. ¿Qué hay detrás de estas afirmaciones y declaraciones?
- Diferencia entre violencia familiar y violencia machista
La violencia intrafamiliar es la que se produce entre miembros del núcleo familiar con previa convivencia, pudiendo ser víctimas tanto hombres como mujeres.
La violencia machista es aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el mero hecho de serlo.
Existe incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una oposición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral.
- Violencia machista cuestión de Estado
Cuando Ana Orantes, fue asesinada (quemada viva) en 1997 no existían órdenes de protección para las víctimas. La conmoción que provocó su muerte hizo imparables los cambios legislativos que a día de hoy siguen siendo insuficientes tal y como demuestran los datos.
Desde el año 2003, año desde el cuál se empiezan a contabilizar los asesinatos machistas, han sido asesinadas en España más de 1000 mujeres en (1021). 46 de ellas en lo que va de 2019. Datos extraído del balance de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género actualizado a 18 de septiembre http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm
Hablamos de un problema de Estado que nos afecta y atañe a todos y todas ya que una mayor igualdad supone mayor bienestar para la sociedad.
El Congreso aprobó en 2017 el Pacto de Estado contra la violencia machista. Un acuerdo que aún mantiene varias de sus medidas de calado sin desarrollar, entre ellas que la violencia machista se amplíe más allá de la pareja o que se revise el régimen de visitas de menores con sus padres denunciados.
- Datos de las ayudas sociales que reciben las víctimas
Algunas personas piensan que la mayoría de las mujeres ponen denuncias falsas para beneficiarse en los procesos de separación y divorcio, y de esa manera quedarse con el uso del domicilio, obtener la custodia de los hijos e hijas, y recibir la pensión alimenticia correspondiente.
Veamos los datos:
Según los datos del CGPJ del 2018 se ha acordado la suspensión del régimen de visitas en un total de 250 supuestos (3,7% del total de medidas civiles acordadas); la suspensión del ejercicio de la patria potestad en 18 casos (0,3 %); la suspensión del régimen de guarda y custodia en 318 supuestos (4,7 %). La atribución de la vivienda representa el 16,8% y la prestación de alimentos un 20,8%. Todos estos casos en los que se adoptaron medidas civiles representan el 46,3% del total de denuncias, demostrando que no es cierto que las mujeres utilizan la denuncia como un instrumento para obtener beneficios con relación al uso del domicilio, la custodia de los hijos e hijas, o de carácter económico a través de la prestación de alimentos.
- ¿Existe un 80% de denuncias falsas?
No. Los datos presentados en la memoria anual de la Fiscalía del Estado desmienten de forma contundente esta creencia. En el año 2018 se interpusieron 166.961 denuncias por violencia de género y se han incoado 14 causas por denuncia falsa. De estas, en un caso se ha dictado sentencia condenatoria y en otro se acordó el sobreseimiento provisional. En cuanto al resto, se encuentran en tramitación. Por tanto, el porcentaje de denuncias falsas en 2018 en relación al total de denuncias presentadas por violencia de género es de 0,008%.
- La NO denuncia: ¿Por qué?
Entender la violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos sexos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status-quo de la dominación incluso a través de la violencia. Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad.
Según el Informe sobre víctimas mortales de la Violencia de Género en el ámbito de la pareja o ex pareja en los años 2016 a 2018, los estudios realizados permiten afirmar que cerca del 80% de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia contra su agresor. Este silencio es un factor de riesgo para la vida de las mujeres maltratadas, pero la denuncia no solo depende de ellas, sino de la concienciación de su importancia a toda la sociedad.
El Consejo General del Poder Judicial señala que en 2018 hubo 166.961 denuncias, de las cuales 17.347 (10,4%) fueron retiradas (renuncia). Durante el período de 2016-2018, 46 de las 151 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas habían presentado denuncia previa, lo que supone un 30,5% total.
Los motivos por los que las mujeres que han sufrido violencia machista aducen en la Macroencuesta citada para no haber ido ellas mismas a la policía o no haber acudido al juzgado a denunciar son principalmente tres: el no conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida (44,6%), el miedo (26.56%) y la vergüenza, el querer que nadie lo supiera (21,08%).
De las mujeres que han acudido a la policía (ellas directamente o a partir de la denuncia de otra persona), el 56,2% están muy o bastante satisfechas con la atención recibida, mientras que 32,99% dice estar muy insatisfecha o bastante insatisfecha.
Uno de los grandes retos pendientes es que las mujeres y su entorno sociofamiliar tengan confianza en la legislación y las medidas contra la violencia machista. Y para ello es clave demostrar su eficacia y que las denuncias sirven para algo.
La Fiscalía alerta de la desigualdad entre juzgados sobre violencia machista: algunos deniegan solo el 10% de órdenes de protección y otros hasta el 85%. Según indica en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, hay juzgados que rechazan la mayoría de las órdenes de protección solicitadas, con tasas de rechazo que llegan a alcanzar el 87% en Barcelona o el 74% y el 60% en Sevilla o Valladolid mientras otros, situados en Murcia o Alicante, solo deniegan el 10%.
Los jueces son los que determinan en cada caso si es necesaria una orden de protección –que puede incluir medidas civiles, como la suspensión del régimen de visitas y medidas penales, como la prohibición de acercamiento–, pero fundamentan su valoración también en otro tipo de elementos. Entre ellos, atestados policiales, partes de lesiones e informes médicos o forenses. Los dos requisitos que establece la ley para la concesión de esta medida de protección son la existencia de indicios fundados de delito y de una situación objetiva de riesgo.
Muchas víctimas tardaron más en denunciar porque pensaban «que no me podrían ayudar» (15%), porque no sabían «dónde ni cómo pedir ayuda» (21%) o por simple «miedo y desconocimiento al proceso judicial» (19%). Como ejemplo positivo para insistir en la concienciación social, el 27% decidió pedir ayuda gracias al «apoyo de una persona del entorno» que la animó a hacerlo.
También son importantes las circunstancias personales, como la falta de recursos (el 64% dependían económicamente de su agresor cuando se inició el maltrato, y el 44% cuando pidieron ayuda), la edad (reaccionan antes las mujeres de menos de 35 años, y más tarde las mayores de 65), la maternidad o no (denuncian antes las que no tienen hijos) o el nivel de formación (tardan menos las mujeres con estudios universitarios).
