Mercado
laboral
No es raro escuchar que las personas inmigrantes son responsables del paro. Se cuenta que la falta de empleo entre la población española se debe a que “nos quitan el trabajo”, un comentario que se incrementa en tiempos de crisis.
Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
“Los datos sobre pérdida de ocupación (...) prueban que la crisis no está provocando sustitución de trabajadores españoles por trabajadores extranjeros. En casi todas las ocupaciones en las que los españoles pierden ocupados, también los pierden los extranjeros”.
Encuesta de Población Activa (segundo trimestre 2019)
De los más de 19 millones de personas que trabajan en España, sólo 1,2 de cada 10 es extranjera.
Prestaciones por desempleo (octubre 2019)
El mercado de trabajo
Hay estudios que indican que las personas inmigrantes cobran la mitad, de media, que las personas españolas. Otros colectivos como mujeres y jóvenes también son proclives a la discriminación salarial.
Se enfrentan en ocasiones al rechazo de los empleadores y empleadoras por su color de piel, su religión o su forma de vestir.
La falta de una red de apoyo familiar, hace que la crisis afecte a las personas inmigrantes de forma más grave.
Sus estudios y titulaciones no siempre son reconocidos en España, por lo que no pueden acceder a trabajos para los que están cualificados. El nivel de sobrecualificación es más elevado que el observado entre la población española.
La precariedad también es mayor. Existe una concentración de la población inmigrante en puestos de trabajo con condiciones laborales negativas y en sectores muy inestables.
En muchas ocasiones, dichos trabajos se encuentran por debajo de su cualificación.
Impacto de la incorporación de personas
inmigrantes al mercado laboral español
La inmigración ha tenido un importante efecto positivo, directo e indirecto sobre la tasa de actividad.
La inmigración ha aportado movilidad al mercado de trabajo español, resolviendo algunas de las rigideces que las empresas habían señalado tradicionalmente.
La mayor presencia de inmigrantes en empleo doméstico y en el cuidado de niños y mayores ha facilitado la conciliación laboral, familiar y personal en España, con el consiguiente impulso en términos laborales, fiscales y de consumo para la economía.
Varios informes realizados en los últimos años destacan que las aportaciones a las arcas públicas de la población inmigrante es más alta que los gastos que generan. El propio Banco de España ha reflejado en varias ocasiones que la inmigración no ha aumentado el gasto social, sino que con sus aportaciones ha disminuido el déficit de la Seguridad Social para afrontar las pensiones.
Los trabajadores y trabajadoras no son responsables de la precariedad laboral y salarial.
Apenas 1 de cada 10 personas empleadas en España es extranjera. Su presencia aporta muchos beneficios al mercado laboral, pero sufren las consecuencias de la crisis con mayor intensidad que la población española.