CONVIVENCIA Y
ESPACIOS PÚBLICOS
Hay muchas personas que aseguran que el alumnado inmigrante recibe muchas más ayudas públicas que el alumnado local por el mero hecho de ser de procedencia extranjera.
Es el Real Decreto 1721/2007 indica que para beneficiarse de las becas y ayudas al estudio reguladas en este real decreto será preciso poseer la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea. En este último caso se requerirá que el/la estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en España.
En el supuesto de estudiantes de procedencia no comunitaria, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración social, que indica que "Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria".
El 48% de los españoles creen que deberían tener preferencia a la hora de elegir el colegio de sus hijos e hijas
El 52,5% de españoles aseguran que aunque tengan los mismos ingresos, se les da más ayudas escolares a inmigrantes que a españoles.
Sin embargo, en Andalucía los requisitos para acceder a los diferentes servicios y bonificaciones de los centros escolares (aula matinal, comedor, actividades extraescolares...) tienen en cuenta si los padres trabajan, si el alumnado se ve obligado a viajar para ir al colegio o instituto y, también, la situación socioeconómica de las familias y su riesgo de exclusión social. No existen, por lo tanto, criterios que destaquen al alumnado inmigrante o lo prioricen frente al nativo.
Es más, la normativa andaluza discrimina a niños y niñas inmigrantes, que pueden quedar excluidos y excluidas de las becas simplemente por el hecho de que uno de los padres esté en situación administrativa irregular. Es decir, sobre los menores recaen las consecuencias de un problema administrativo de alguno de sus padres o madres, incluso aunque el otro miembro de la pareja sea español o española. Una situación de la que se ha hecho eco el Defensor del Pueblo Andaluz.
Para la adjudicación de plazas, la Junta de Andalucía tampoco tiene en cuenta la nacionalidad del alumnado, sino que adjudica las plazas en función de una serie de criterios, dando preferencia de acceso a las familias cuya residencia o lugar de trabajo se sitúa dentro de las áreas de influencia de cada centro educativo y teniendo en cuenta otros factores, como la presencia de hermanos o hermanas en los centros educativos o el número de plazas vacantes.
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