CONVIVENCIA Y
ESPACIOS PÚBLICOS

RUMOR: "Los inmigrantes prefieren vivir en guetos y pisos patera"

Hay personas que dicen que las personas inmigrantes se agrupan en guetos y viven en pisos patera por su negativa a integrarse o por el hecho de que su único objetivo aquí es ahorrar para enviar el dinero a sus países de origen.

La realidad

En cuanto a los pisos patera, el INE demuestra que la mayoría de pisos habitados por cuatro personas o más tienen como residentes a personas nativas y, en minoría, extranjeras:

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Porcentaje de hogares según nacionalidad de sus miembros y tamaño de hogar. (Ocho personas o más)

Población española
70,3%
Población mixta
21,7%
Población extranjera
8%

La realidad de la vivienda es tremendamente compleja. Lo que en un principio es un derecho de toda persona, con el tiempo se ha convertido en un bien de lujo, una mercancía con la que es posible especular y sacar beneficio, provocando que aquello que debiera ser un bien social público, esté en manos del mercado. Todas las personas, autóctonas e inmigrantes, sufren las consecuencias y hoy la vivienda es un lujo lejos del alcance de muchísimas personas.

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Las personas inmigrantes residentes en España muestran más dificultad de acceso a al vivienda que las españolas en base a variables como la renta del hogar, sexo, edad o nacionalidad.

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A pesar de que las personas inmigrantes tienden a residir en viviendas de menor valor que la población nativa, los gastos en vivienda les suponen un mayor ratio de esfuerzo. En el caso del régimen de alquiler, la población extranjera no comunitaria destina 7 puntos porcentuales más de su renta disponible a sufragar los gastos relacionados con la vivienda, y 11,5 puntos más en el caso de la vivienda en propiedad.

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La no disponibilidad de una vivienda, o bien la pérdida de ella, supone un deterioro tal de las condiciones de vida que no sólo dificulta factores tan diversos como la formación de nuevos hogares y estructuras familiares, la emancipación juvenil o la movilidad geográfica, sino que, en último término, puede conducir a situaciones de exclusión social.

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Además, la falta de una vivienda dificulta enormemente el acceso al mercado laboral y la consecuente integración social. El alojamiento digno y estable es una premisa necesaria aunque no suficiente para la integración de los inmigrantes en nuestro país.

Igualmente, a las personas inmigrantes se les exigen más requisitos para el acceso a la vivienda que a un autóctono. Es el racismo social que refleja el racismo institucional (declaraciones de políticos, contertulios en medios de comunicación…) que hace que las personas nativas crean que a la persona inmigrante se le pueden exigir condiciones más restrictivas que al autóctono o incluso negarle el alquiler.

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Un 72% de las personas inmigrantes procedentes de África afirman que alguna vez se les ha denegado el acceso a una vivienda por ser, sencillamente, extranjeras.

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Los inmigrantes y las minorías, a menudo soportan malas condiciones de vivienda, en parte debido a procesos de exclusión. Las personas extranjeras suelen vivir en pisos pequeños y con infraestructuras deficientes con más frecuencia que la población autóctona, debido a las dificultades económicas y sociales de acceder a mejores viviendas.

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Los casos de discriminación directa se manifiestan cada vez de forma más explícita. Ejemplo de ello son los anuncios de viviendas discriminatorios, la discriminación en la Administración en las listas de espera en materia de vivienda, o el rechazo directo por parte de propietarios, agencias inmobiliarias y asociaciones de vivienda.
La vivienda es, en la actualidad, uno de los mecanismos más importantes de exclusión y segregación social para una parte importante de la población. Es necesario adoptar medidas que incluyan un enfoque integral, vivienda y empleo, en las actuaciones enfocadas a la integración sociolaboral de las personas inmigrantes.